En la causa se investiga la desaparición forzada de las dos víctimas, ocurrida el 28 de abril de 1990, luego de que el automóvil en que se trasladaban fuera interceptado por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza. Es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
l Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, en conjunto con la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), encabezada por Alberto Gentili, requirieron que 16 exagentes de la policía de la provincia de Mendoza vayan a juicio oral por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria en 1990, primer caso ocurrido en Argentina desde el retorno del Estado de derecho que arribó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Otros tres imputados, entre ellos un exjuez provincial, no fueron requeridos en razón de que anteriormente fueron apartados de este proceso.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por los fiscales Alcaraz y Gentili el pasado 25 de septiembre ante el Juzgado Federal 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica.
El 15 de octubre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se había expedido en la causa al rechazar los planteos de las defensas y confirmar los procesamientos y prisión preventiva que habían sido ordenados en agosto de ese mismo año por el juez Garnica, al entender que la materialidad y autoría de los hechos investigados se encontraban acreditados conforme el estándar probatorio requerido para esa etapa del proceso.
La lista de personas para quienes los representante del MPF solicitaron el juicio incluye a los expolicías provinciales Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera y Jacinto Salvador Olmedo. Todos ellos señalados como posibles coautores del delito de desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 142 ter del Código Penal.
